Es oficial: la nueva ley que cambia los arrestos migratorios en Connecticut desde el 1° de octubre
La Legislatura de Connecticut aprobó este año un proyecto de ley que impacta directamente en los ...
La Legislatura de Connecticut aprobó este año un proyecto de ley que impacta directamente en los arrestos migratorios, y una de las secciones más importantes entrará en vigor el siguiente 1° de octubre. La disposición legislativa prohíbe que los oficiales utilicen máscaras faciales, restringe los arrestos por ofensas civiles en lugares protegidos y modifica el uso de los sistemas de lectura automatizada de matrículas.
Qué dice la ley de Connecticut que cambia los arrestos migratoriosLa sesión legislativa de 2026 de la Legislatura de Connecticut aprobó la Ley Pública 26-14, que establece normativas integrales para fortalecer la rendición de cuentas gubernamental y proteger los derechos civiles. Uno de los ejes de la normativa impacta directamente en los procedimientos de detención de inmigrantes.
La disposición prohíbe a los representantes de las fuerzas del orden locales, estatales o federales detener o arrestar a una persona en los terrenos de los tribunales e instalaciones estatales o municipales por una ofensa civil (como faltas o infracciones migratorias civiles). Si bien otras partes de la ley comenzaron a regir luego de su aprobación, esta sección estará vigente a partir del 1° de octubre.
La modificación surge luego de un año marcado por arrestos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en cortes y juzgados de inmigración.
Con la entrada en vigor de la norma, para realizar una detención de este tipo en tribunales, el agente deberá notificar previamente a un funcionario judicial y presentar documentación que acredite que la persona tiene una orden judicial de arresto, una condena previa por delitos graves específicos (delitos graves de clase A o B) o figura en la Base de Datos de Vigilancia de Terrorismo.
El incumplimiento de esta norma puede sancionarse como desacato al tribunal y permite a la persona afectada interponer una demanda civil para solicitar indemnización por daños o reparación equitativa.
Arrestos migratorios: identificación obligatoria y limitación de inmunidadLa Ley Pública 26-14 también modificó otras reglamentaciones desde su aprobación. Bajo esta disposición, los agentes del orden que realicen arrestos planificados o interactúen con el público deben estar claramente identificados con su placa y su etiqueta de nombre en el uniforme.
Además, la medida prohíbe el uso de máscaras o coberturas faciales que oculten la identidad (salvo excepciones médicas o de seguridad operativa específicas).
En ese sentido, si un oficial comete un arresto falso o detención ilegal mientras usaba coberturas faciales en violación de esta norma, podría perder la inmunidad ante demandas de responsabilidad civil.
La medida también determina que ningún oficial o agente federal tendrá inmunidad penal en el estado por acciones bajo color de ley federal, a menos que la acción estuviera autorizada por la ley federal y fuera necesaria para el cumplimiento de sus funciones. Además, se autorizan demandas civiles contra oficiales o empleados federales por la privación de derechos constitucionales.
El uso de lectores de placas para arrestos migratorios en ConnecticutAl margen de los efectos mencionados, la legislación impacta directamente en las estrategias utilizadas por los agentes federales para rastrear la actividad de un migrante. En concreto, prohíbe de forma explícita el uso de sistemas o datos de lectores automáticos de placas de matrículas (ALPR) para investigar presuntas violaciones migratorias o colaborar en cualquier actividad de control migratorio civil o penal.
Agentes del ICE intentan entrar por la fuerza en negocios locales en CaliforniaAsimismo, se prohíbe la recopilación de datos de ALPR fijos en o cerca de organizaciones comunitarias sin fines de lucro que atienden principalmente a comunidades inmigrantes.
Por último, la medida no permite a los oficiales compartir estos datos con agencias fuera del estado sin una declaración escrita que garantice que no se emplearán para investigaciones migratorias.